Durante su intervención en la Conferencia de Alto Nivel: Economía Post Pandemia en el ALBA-TCP, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reiteró con fuerza el rechazo a las “sanciones” económicas impuestas a Venezuela y Cuba, dos de los países miembros del bloque, que cumplirá en diciembre 16 años de creado.

«Saludamos la larga vida del ALBA-TCP, porque creemos en la integración regional y en el multilateralismo justo y equitativo», expresó.

Indicó que ante las brechas históricas entre países que se agravan con la pandemia, la Cepal propone una integración regional más productiva, social y económica. «Nos han dividido mucho en la región, estamos muy fragmentados y eso no podemos permitirlo. Debemos ir hacia una transformación que nos lleve hacia una recuperación mejor, con economías más resilientes, inclusivas y sostenibles, con una transición energética hacia la renovabilidad, con una conectividad digital, con una integración regional que nos haga depender menos del exterior, de lo importado», planteó Bárcena.

Asimismo, recalcó que es el momento de impulsar nuevos sectores estratégicos, una mayor integración productiva e implementar políticas universales, redistributivas y solidarias; «lograr esa transformación estructural que dé armonía entre el dinamismo económico, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social».

La Secretaria Ejecutiva de la Cepal alertó que la pandemia de COVID-19 generará la peor recesión en la historia de la región, con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) estimada en -5,3% en 2020, sobre todo en América del Sur, con menor impacto en las naciones del Caribe.

En este sentido, la comisión económica propone a los países establecer un ingreso básico de emergencia por seis meses para toda la población en situación de pobreza, que sea equivalente a lo que las personas necesitan para cubrir su subsistencia.

Recomendó además evitar la destrucción de las capacidades productivas con una política de subsidios, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y en el mediano plazo, propuso cambiar de modelo de desarrollo, propiciando una estructura productiva con más igualdad y sostenibilidad, lo que implica la universalidad de servicios como la salud, la educación y la nutrición.

«Proponemos la construcción de un estado de bienestar y sistema de protección social, que permitiría evitar otra década perdida, que nos hizo retroceder en los 80 y los 90 casi 25 años en materia social y ahora, si no hacemos nada, podríamos retroceder casi 13 años», estimó.

Entre otros datos compartidos en su intervención, Alicia Bárcena mencionó que uno de los grandes problemas de la región es la evasión fiscal, que asciende a 6,3% del PIB, que es la mitad del gasto social.

«Si hubiera una suspensión en el pago de intereses y de la deuda externa, esto sería un gran aliciente y un gran alivio para los países de la región», planteó también la alta funcionaria.