Países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), rechazaron por unanimidad la creciente amenaza contra la paz y la estabilidad de la región, perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos, al tiempo que se anunció la conformación de una Comisión de Paz de Alto Nivel que se desplegará por diferentes naciones del continente.
En el marco del XXVI Consejo Político de la Alianza, celebrado en la ciudad de Nueva York en ocasión del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU 80), convocó a los los Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y Grenada, así como al Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas.
La primera intervención fue realizada por el Canciller de la Republica Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, quien se refirió a la complejidad global que hoy enfrenta la humanidad, especialmente la región latinoamericana y caribeña que en el actual marco de agresiones, amenazas y discursos de odio, eleva su voz en defensa de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en la II Cumbre de la CELAC en 2014, en La Habana.
“Al declararnos Zona de Paz, nuestros Estados se comprometieron, de manera inequívoca, a solucionar las controversias por medios pacíficos. La defensa de esta Zona de Paz es, por tanto, la defensa de nuestra autodeterminación. Es un escudo contra la injerencia y una garantía para la estabilidad interna… Sin embargo, este estatus no es inmutable, como lo estamos viviendo con las acciones violentas y las amenazas públicas y confesas del gobierno estadounidense”.”, expreso el jefe de la diplomacia venezolana quien instó a mantener una posición firme y unificada frente a acciones desestabilizadoras.
Por su parte Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de relaciones Exteriores de Cuba, denunció en nombre de la nación caribeña la arremetida hegemonista del imperialismo estadounidense en contra el compromiso y los esfuerzos de la región por mantener la paz afirmando que “facultar a agencias y fuerzas estadounidenses a actuar contra organizaciones criminales dentro de las fronteras de otros Estados es una amenaza real”.
En este sentido, Rodríguez Parrilla, enfatizo que la envergadura de los efectivos, medios y técnica militar desplegados, que incluye un submarino de propulsión nuclear, “contradice la idea que el gobierno estadounidense pretende vender, de que su propósito es luchar contra el narcotráfico o los flujos migratorios irregulares”.
En su intervención, el titular cubano, expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolano, liderado por el Presidente Nicolás maduro Moros, e insistió en la necesidad de “incrementar la solidaridad entre nuestras naciones, anteponiendo lo que nos une a lo que nos pueda dividir”.
El bloque condenó de manera categórica el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al introducir destructores, cruceros lanzamisiles y submarinos nucleares. Según el documento, estas acciones violan tanto la Proclama de Zona de Paz adoptada por la CELAC en 2014 como el Tratado de Tlatelolco, que establece la desnuclearización de América Latina y el Caribe.
#AHORA | Declaración Final del XXVI Consejo Político de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Gomercio de los Pueblos (ALBA-TCP). pic.twitter.com/s3sDSrB9EA— ALBA (@ALBATCP) September 25, 2025
Los cancilleres denunciaron el incidente con el buque pesquero “Carmen Rosa”, interceptado por el destructor USS Jason Dunham (DDG-109) en aguas venezolanas, donde nueve pescadores fueron retenidos durante ocho horas. El ALBA-TCP calificó la acción como una vulneración a la soberanía marítima, la seguridad alimentaria y los derechos humanos.
Asimismo, condenaron las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe, reconocidas por el propio gobierno estadounidense, y advirtieron que Washington busca transformar la región en un escenario de confrontación y militarización.
El Consejo rechazó el informe del Departamento de Estado de EE.UU. que acusa a Venezuela de ser un país productor y de tránsito de drogas, señalando que contradice reportes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y de la DEA, que no colocan al país en esa categoría.
También expresaron respaldo absoluto al presidente Nicolás Maduro Moros, denunciando las acusaciones en su contra como “infundadas y sin sustento legal”.