El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, reunidos en Nueva York en el marco del 64º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
I
El Consejo constata con profunda satisfacción los progresos alcanzados en el marco de la concertación política, la integración cultural, y la cooperación económica y financiera entre los países que forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Destaca la importancia del ALBA como un ente promotor de la solidaridad de los países del Sur.
Considera que la Cooperación Sur- Sur ha alcanzado en el ALBA una dimensión superior, al cimentarse en los principios de solidaridad, complementariedad económica e integración.
El Consejo destaca la acción mancomunada entre las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas de los países que integran el ALBA, en defensa de la Carta de la Organización, y de los principios del derecho internacional, particularmente, el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, la integridad territorial y la promoción de la justicia social y la paz internacional. Constata que esta acción ha contribuido a que, entre otros aspectos, en el seno de las Naciones Unidas se condene el golpe de Estado contra el Presidente Constitucional de Honduras, se celebre de la “Conferencia Internacional sobre la Crisis Financiera y Económica y sus Efectos en el Desarrollo” y se realice la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General para considerar la invasión de Israel a Gaza.
Reconoce la encomiable labor efectuada por el Padre Miguel de Escoto, como Presidente del Sexagésimo Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU al hacer visibles y efectivos los intereses de los estados Miembros que conforman el G-192, particularmente sus propuestas para la democratización de las Naciones Unidas.
II
El Consejo reitera que la crisis del sistema capitalista es estructural y no tiene solución en el marco de las relaciones capitalistas de producción. La especulación financiera sigue siendo su característica predominante. Subraya que los patrones de producción y consumo insostenibles que conforman dicho sistema constituyen un peligro creciente para todas las sociedades del mundo e incluso para la supervivencia de la especie humana.
Considera que la “Conferencia Internacional sobre la Crisis Financiera y Económica y sus Efectos en el Desarrollo”, realizada en junio de 2009, pese a sus limitaciones, demostró la necesidad impostergable de avanzar hacia la construcción de un nuevo orden económico internacional, más equitativo que incluya el comercio justo, que reconozca y respalde los objetivos de desarrollo de los países del Sur. En este sentido, se compromete a trabajar de manera mancomunada en el marco del Grupo Especial de Trabajo de Composición Abierta de la Asamblea General de Seguimiento para lograr reivindicaciones esenciales para el Sur, tales como la creación de un nuevo mecanismo de reestructuración de la deuda, la generación de liquidez para los países en desarrollo, la reforma de las instituciones financieras internacionales y la consolidación de una moneda internacional alternativa. Considera que la Cooperación Sur- Sur cobra hoy más vigencia, cuando la crisis global del capitalismo golpea principalmente a los pueblos del Sur.
Por consiguiente, otorga particular importancia a la Conferencia sobre Cooperación Sur-Sur que se realizará en Kenia, en diciembre de 2009. El Consejo se compromete a trabajar por reafirmar la vigencia de los principios de la cooperación Sur-Sur, basados en la solidaridad, los cuales no pueden ser sustituidos por las condicionalidades políticas que imponen los países desarrollados. Se compromete, asimismo, a lograr resultados que refuercen lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos.
III
El Consejo congratula el regreso a su país del Presidente José Manuel Zelaya, representante del Gobierno legitimo de la República de Honduras, que ha sido posible por la heroica resistencia del pueblo hondureño. Asimismo, respaldan su determinación de acompañar a su pueblo, en la lucha a lograr a través de métodos pacíficos la restitución del orden democrático.
Reitera que el golpe de Estado en contra del Presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, constituye un atentado en contra de los procesos democráticos y participativos que se viven en la región.
Denuncia que la dictadura instalada en Honduras busca su legitimación a través de un proceso electoral antidemocrático. La convocatoria a un proceso electoral fraudulento no debe ser reconocida, así como sus resultados, por la comunidad internacional.
Considera que la única solución democrática a la crisis hondureña es el retorno inmediato y sin condiciones del Presidente José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia, tal como lo han demandado las Naciones Unidas y numerosos organismos regionales y multilaterales.
El Consejo reitera la Declaración del ALBA del 22 de septiembre de 2009 emitida en Nueva York y expresa su preocupación por el incremento de la violencia y la represión contra el pueblo hondureño, así como por el asedio y hostigamiento permanentes a la Embajada de Brasil en Honduras donde se encuentra el Presidente Zelaya.
El Consejo condena enérgicamente la grave violación de los Derechos Humanos del pueblo hondureño, incluida la práctica de la tortura, por parte del gobierno de facto.
El Consejo rechaza cualquier maniobra que dilate la inmediata e incondicional restitución del Presidente Zelaya en el gobierno de su país.
El Consejo demanda al régimen de facto el respeto por la integridad física y moral del Presidente Zelaya y declara que el régimen de facto es responsable de cualquier atentado contra la vida y la seguridad del Presidente Zelaya y de su familia.
IV
El Consejo subraya los peligros que entraña para la región la instalación de bases militares extranjeras en América Latina y el Caribe, a la luz del peligro que pueden plantear contra los gobiernos progresistas de la región y para el acceso a fuentes de recursos naturales. Por tanto, reitera el llamado al gobierno de Colombia a reconsiderar la instalación de bases militares extranjeras en su territorio.
Para el Consejo del ALBA, el fomento de la paz y la solución pacífica de controversias es un objetivo irrenunciable de los países que integran la Alianza. Aboga para que el tema de la paz sea uno de los temas fundamentales en las Naciones Unidas.
En ese contexto, el Consejo reitera su compromiso de trabajar hacia la declaración de la región de América Latina y el Caribe como la primera zona libre de bases militares extranjeras. En tal sentido repudian la presencia militar extranjera en América Latina y el Caribe, particularmente en la Base Naval de Guantánamo y demandan la devolución a Cuba de ese territorio ilegalmente ocupado.
V
El Consejo, al a vez expresa su más decidida condena a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, y alerta sobre el peligro de conceptos como la responsabilidad de proteger, la soberanía responsable, la intervención humanitaria, las guerras preventivas, y la seguridad humana, entre otros, que puedan ser manipulados por las grandes potencias para agredir a países del Sur, violando su soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial.
VI
El Consejo llama la atención sobre las graves consecuencias que tiene el cambio climático sobre la madre tierra y la especie humana; fenómenos agravados por un modelo de crecimiento que privilegia la obtención del máximo beneficio material.
Reitera el serio y permanente compromiso de los países del ALBA con la defensa del planeta, la preservación de la vida humana, vegetal y animal, y en ese sentido promueve la elaboración de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el marco de la ONU.
Denuncia que las potencias industriales, responsables de la destrucción del planeta, pretendan transferir sus responsabilidades hacia los países en desarrollo que han sido víctimas, precisamente, de la destrucción de sus bosques, fuentes de agua, historia y cultura. Manifiesta que ha llegado la hora de que los países desarrollados paguen la deuda ecológica que tienen con la humanidad.
El Consejo considera que la Conferencia de Partes en Copenhague a celebrarse en diciembre de 2009 debe fortalecer la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, garantizando el cumplimiento efectivo y profundizando los compromisos y mecanismos del Protocolo de Kyoto.
VII
Instruye a sus Misiones Diplomáticas acreditadas ante las Naciones Unidas, para que continúen impulsando un trabajo coordinado en aras de promover una nueva agenda internacional comprometida con los intereses de los pobres, excluidos y los más vulnerables.
Instruye a sus Misiones Diplomáticas para que profundicen la cooperación y la solidaridad y que identifiquen temas puntuales en los cuales los países del ALBA puedan coordinar posiciones en el seno de la Organización de Naciones Unidas.